LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA

La sanción administrativa es un tipo de acto administrativo que consiste en una sanción como consecuencia de una conducta ilícita del administrado. Estas sanciones pueden ser de diversa índole, como multas, suspensiones, revocaciones, etc.

El procedimiento para imponer una sanción administrativa está regulado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Este procedimiento se divide en las siguientes fases:

• Incoación: En esta fase, la Administración Pública inicia el procedimiento sancionador mediante la notificación de un acuerdo de inicio al presunto infractor.
• Investigación: En esta fase, la Administración Pública recaba información sobre los hechos denunciados.
• Audiencia: En esta fase, el presunto infractor tiene derecho a ser oído y a presentar alegaciones.
• Resolución: En esta fase, la Administración Pública resuelve el procedimiento sancionador, imponiendo o no una sanción.

En el caso de que la Administración Pública decida imponer una sanción, el presunto infractor tiene derecho a proponer testigos. Este derecho se encuentra recogido en el artículo 76 de la Ley 39/2015.

El derecho a proponer testigos permite al presunto infractor aportar pruebas que acrediten su inocencia o que atenúen la sanción. Para ello, el presunto infractor debe presentar una solicitud de proposición de testigos ante la Administración Pública que tramita el procedimiento sancionador.

En la solicitud, el presunto infractor debe identificar a los testigos que propone y debe indicar los hechos sobre los que puede declarar cada testigo.

La Administración Pública debe informar al presunto infractor de cuándo serán llamados los testigos propuestos para personarse e intervenir en el interrogatorio. Este interrogatorio se realizará en audiencia pública, salvo que existan razones de seguridad o de privacidad que lo impidan.

El derecho a proponer testigos es una garantía fundamental del procedimiento sancionador. Este derecho permite al presunto infractor defenderse adecuadamente y aportar pruebas que puedan influir en la resolución del procedimiento.

El multado tienen todo el derecho a proponer testigos y ser informado de cuándo serán llamados para personarse e intervenir en el interrogatorio

Ponemos como ejemplo el siguiente caso:

Un establecimiento fue multado con 60.000 euros por vender alcohol a un menor, denunciado por agentes de la Policía Local. No obstante la administración sancionadora desestima el recurso del comerciante contra la multa, acudiendo entonces a la vía judicial en base a que propuso unos testigos que, aunque fueron escuchados por el instructor del expediente sancionador, se hizo sin su presencia y sin posibilidad de intervenir, lo que vulnera los derechos de todo ciudadano a ejercer con garantías su derecho a defenderse.

Por ende, el Tribunal Supremo ha dado la razón al comerciante, porque no se han cumplido las garantías y principios que todo proceso establece en un Estado de derecho:

• Si la denuncia de los agentes hace prueba de los hechos que recoge, salvo que se acredite lo contrario, el derecho del afectado a proponer y a que se admitan y practiquen las pruebas con los que demostrar que lo sucedido no es lo que esos agentes dicen que ocurrió adquiere una relevancia esencial.
• La ley viene a decir que al interesado se le debe comunicar con antelación suficiente el comienzo de la realización de las pruebas admitidas y que esa comunicación ha de comprender la indicación del lugar, fecha y hora en que se practicarán, así como que ha de informársele de que puede nombrar técnicos que le asistan.
• Esta determinación legal no tiene como objetivo el mero conocimiento del interesado, sino que pueda personarse en el acto en que se lleva a cabo la prueba, en la que se formulan preguntas dirigidas a cuestionar el testimonio prestado, es decir, que exista la contradicción que todo proceso requiere en el preciso momento en que se testifica.